En pleno mes de agosto, con un buen número de españoles recorriendo diferentes países, es posible que a alguno de ellos se le ocurra que sería una buena idea realizar alguna inversión. Tal vez se han podido cruzar con una vivienda a muy buen precio, o tal vez han pensado que sería buena idea contratar algún depósito o fondo de inversión.

Pues bien, Hacienda también está interesada en lo que puedan hacer con su dinero esos españoles, de tal manera que si invierten más de 50.000 euros ya sean en depósitos, acciones, bienes inmuebles… les va a obligara  presentar una declaración utilizando el modelo 720.

Aquí se puede consultar la página para la presentación del modelo 720 sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

En esta otra página la Agencia Tributaria ofrece información para que el modelo 720 pueda presentarse sin cometer errores.

Por lo tanto, si la situación no cambia en los próximos meses, y este año ha decidido invertir en el extranjero, recuerde que el próximo año se verá obligado a declarar esas inversiones ante Hacienda, y de no hacerlo, o hacerlo fuera de plazo, la sanción puede ser más que notable.

Hoy se ha dado a conocer una noticia referente a estas sanciones:

El País, Hacienda sanciona a 5.000 contribuyentes por no declarar los bienes en el extranjero o hacerlo tarde.

Sin embargo, como ya publicaban hace unos meses en Expansión, el modelo 720 está ante su juicio final, pues el régimen sancionador se considera desproporcionado pues puede llegar a penalizar con el 150% de la cantidad que no se haya declarado. Esto ha conducido a que se abran numerosos litigios con Hacienda y también a que la Comisión Europea haya decidido llevar a España ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

El motivo de desacuerdo de lo que está sucediendo con ese modelo 720 por parte de la Comisión Europea no tiene que ver con el deseo de Hacienda de conocer los bienes o derechos que tienen los residentes en España en el extranjero que se calcula en más de 150.000 millones de euros, pues esto es algo legítimo, sino en la severidad desmedida de las sanciones que puede conducir a que empresas o particulares eviten invertir en el resto de países europeos.

Si el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea considera que las sanciones están vulnerando el derecho de la Unión Europea se podrían anular las sanciones ya impuestas, aunque El País ya nos recuerda algunos casos en los que los contribuyentes se veían obligados a pagar más dinero del que tenían en el extranjero y esas sentencias fueron anuladas en tribunales españoles.